Fundación Secretariado Gitano

El Gobierno francés debe poner fin a las “expulsiones sin soluciones” de ciudadanos gitanos[editar]

El propio presidente francés, François Hollande, prometió durante su campaña electoral en marzo pasado un “No a las expulsiones sin soluciones”, una promesa que parece haber olvidado teniendo en cuenta que en el mes de agosto cientos de personas gitanas, procedentes de Rumania y Bulgaria, han sido expulsadas del país después de que la policía haya desmantelado varios campamentos en distintas ciudades.

Desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) condenamos enérgicamente el desalojo forzoso de varios asentamientos y la expulsión de ciudadanos gitanos a sus países de origen. Estas medidas, repetidas con demasiada frecuencia por el Gobierno galo en los últimos años, atentan contra la dignidad de la población gitana y contra los derechos humanos, violan la normativa europea de igualdad de trato y libertad de movimiento y suponen un claro ejemplo de discriminación racial.

Según la Directiva europea 2004/38/CE, el Gobierno francés no puede expulsar a ninguna persona de la UE-27 simplemente por no cumplir con los criterios de residencia. Además, la legislación comunitaria exige que haya una revisión individualizada de los casos y que todo ciudadano que reciba un aviso de expulsión sea debidamente notificado con un mínimo de un mes de aviso.

Medidas como ésta lo único que hacen es reforzar los estereotipos negativos que ya existen sobre las personas gitanas, estigmatizar a toda la comunidad y alentar actitudes racistas.

No podemos reivindicar que se mantengan espacios de pobreza, aislamiento y marginación como son estos campamentos, pero sí podemos y debemos exigir a Francia, y al resto de los gobiernos europeos, que desarrollen medidas específicas que garanticen el acceso de las personas gitanas a la educación, el empleo, la salud y la vivienda, en definitiva, que pongan en marcha sus Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población Gitana, que el año pasado supusieron un compromiso de los países miembro con la inclusión social de la minoría étnica más importante de Europa pero que hasta ahora no han sido más que meras declaraciones de intenciones.

Las expulsiones forzadas amenazan con poner a decenas de familias gitanas en situaciones de gran vulnerabilidad y en ningún caso son una respuesta apropiada. Deben buscarse soluciones alternativas de conformidad con los derechos humanos, que garanticen unas condiciones de vida dignas para la comunidad gitana francesa, sin dejar de lado a aquellos ciudadanos gitanos que llegan de Europa del Este.

Aplaudimos la decisión del gobierno francés de levantar algunas de las restricciones impuestas a los ciudadanos rumanos y búlgaros para trabajar en Francia, y su intención de llevar el tema a la agenda del Consejo Europeo, pero no es suficiente. Es necesario que el gobierno galo empiece a trabajar, de una vez por todas, por la inclusión de la comunidad gitana y actúe para poner freno a la discriminación contra esta comunidad.

Además, pedimos a la Comisión Europea, que vigile los acontecimientos que se están llevando a cabo en Francia y se asegure de que las políticas recogidas en el marco Europeo de Estrategias Nacionales para la Inclusión de la Población Gitana se pongan en marcha eficientemente.

Apelamos al conjunto de la sociedad civil, española y europea, para que rechace expresamente las medidas del Gobierno francés y muestre su solidaridad con el pueblo gitano.