12 de Septiembre de 2018
FSG
La Consejería de Educación propone medidas concretas de carácter compensatorio para favorecer una educación inclusiva de calidad y hacer así efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.
El pasado 4 de septiembre el BOCyL publicaba la Orden por la que se regula el Programa 2030, una iniciativa pionera de la Junta de Castilla y León que aborda la difícil tarea de prevenir y eliminar la segregación escolar.
Desde la Fundación Secretariado Gitano aplaudimos la llegada de esta iniciativa en un año en el que a través de nuestras campañas de sensibilización quisimos poner el foco precisamente en las consecuencias negativas de la alta concentración de alumnado gitano en determinados centros educativos. La campaña #NoQuieroUnaEscuelaSegregada, lanzada el pasado 8 de abril, buscaba precisamente visibilizar un problema que desde organizaciones como la nuestra, que conoce bien la realidad de los centros educativos en toda España, vemos con preocupación creciente en los últimos años.
Valoramos, en primer lugar, la valentía de la Consejería de Educación de Castilla y León en reconocer formalmente un problema que existe en prácticamente todas las ciudades españolas y que, a pesar de las recientes llamadas de atención de organismos internacionales como el Consejo de Europa o Naciones Unidas, la mayoría de los poderes públicos se niegan a reconocer como lo que es: una barrera en el ejercicio del derecho a una educación inclusiva y de calidad para todo el alumnado, que daña el principio de igualdad de oportunidades y perpetúa la marginación y exclusión social de determinados grupos, como la comunidad gitana.
Precisamente la inacción de los poderes públicos es lo que ha permitido los procesos de segregación escolar que tenemos actualmente, porque la segregación escolar es el resultado de medidas, disposiciones y mecanismos (residenciales, normas de acceso y matriculación en centros, libertad de elección de centro, etc.), aparentemente neutros, que acaban siendo desfavorables y discriminatorios, especialmente para el alumnado gitano e inmigrante. Por eso desde la FSG siempre hemos defendido la necesidad de introducir medidas correctoras desde el propio sistema educativo para garantizar una adecuada y equilibrada distribución del alumnado entre centros escolares.
En ese sentido, valoramos muy especialmente el planteamiento que hace la Consejería de Educación de Castilla y León sobre cómo abordar en la práctica la segregación escolar, a través de medidas concretas de carácter compensatorio y poniendo el foco en el concepto de “vulnerabilidad socioeducativa”, evitando así señalar a determinados grupos por razones de origen étnico o nacionalidad, y no excluyendo a alumnado o centros con otras necesidades de apoyo.
El Programa 2030 contempla medidas dirigidas tanto a alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa como a centros sostenidos con fondos públicos de alta complejidad socioeducativa o en riesgo de padecerla.
Define al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa como aquel perteneciente a minorías étnicas o culturales, o que se encuentre en cualquier otra situación socio-familiar o de índole personal que incida en la igualdad de oportunidades, contemplando por ejemplo la necesidad específica de apoyo educativo, la situación económica desfavorable de la unidad familiar, ser víctima de violencia de género o violencia en el ámbito familiar, o tener dificultades de acceso a la vivienda. En estos casos, el Programa prevé ayudas económicas, introduciendo un coeficiente corrector en las convocatorias de becas y ayudas para favorecer al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, pero sobre todo contempla el desarrollo de programas de acompañamiento y mejora del alumnado que ofrezcan una atención personalizada, información accesible y asesoramiento para complementar los programas educativos.
En la consideración de centros de alta complejidad socioeducativa, se tienen en cuenta criterios como el porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa o con necesidad específica de apoyo educativo (superior al 30%), el hecho de que el centro esté ubicado en un entorno en situación de vulnerabilidad social, que el centro presente dificultades de convivencia escolar o que el porcentaje de resultados académicos esté por debajo de la media de Castilla y León.
En el caso de centros adscritos al Programa 2030, se tomarán medidas en el proceso de admisión para que el porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa no se incremente y se podrán llevar a cabo medidas de flexibilización en la organización de grupos, alumnado, horarios, o materias, que ofrezcan respuestas educativas adaptadas a las necesidades de todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Además, la Orden prevé medidas respecto a los recursos humanos, materiales y económicos del centro: ampliación del equipo directivo, concursos de méritos para docentes, mayor dotación de profesorado, plazas consideradas de especial dificultad, inversiones en obras y equipamiento, sobre todo tecnológico, etc. Y contempla, por último, medidas de compensación e innovación educativa e investigación, como por ejemplo: atención educativa temprana, refuerzo de los servicios de orientación educativa, la incorporación de proyectos de mediación, planes de compensación educativa, programas de acompañamiento socioeducativo que permitan la tutorización y la orientación individualizada, así como planes específicos de formación del profesorado, proyectos de innovación educativa, proyectos de investigación, etc.
Para esta labor, el programa prevé la colaboración con instituciones, entidades, asociaciones y organizaciones que contribuyan a prevenir la alta concentración de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.
El programa se pone en marcha este mismo año escolar y confiamos en que suponga el inicio de un proceso real para revertir la segregación escolar en Castilla y León, y que sirva de aliciente para otras Comunidades Autónomas; un proceso que no será fácil y que requerirá del largo plazo, pero que es necesario abordar, y es necesario abordarlo desde los poderes públicos, introduciendo medidas correctoras para evitar desigualdades.
Desde la Fundación Secretariado Gitano queremos destacar el valor de esta iniciativa, independientemente del color político o del ámbito territorial en el que se desarrolla, en un momento en el que, tras el fracaso del Pacto Educativo, es más necesario que nunca un acuerdo por la educación que ponga en el centro del debate la equidad educativa en nuestro país y la visión de la educación como motor de desarrollo personal y social, y como la base fundamental para el ejercicio de los derechos de las personas.
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